Desgraciadamente, a nadie le resulta ajena (por haberla vivido o conocer a alguien) la situción de tener que solicitar la incapacitación de un ser querido ante la imposibilidad sobrevenida de éste para adoptar decisiones “plenamente conscientes” (por así decirlo) sobre su propia persona y sus propios bienes.

Llegados a este punto, a una situación de incapacitación debe seguirle la constitución de una figura que, con mayor o menor extensión -o alcance-, vele por los intereses de quien no puede valerse por sí mismo. Pues bien, existen distintas figuras para tal fin, diferentes entre sí, pero que comparten un objetivo común: proteger (“apoyar” sería el término adecuado) a aquellas personas que por alguna razón ven su autonomía limitada.

Manos entrelazadas

Todas estas figuras forman parte de lo que la Ley 8/2021, de 2 de junio denomina “sistema de apoyos para personas con discapacidad”, que pretende adecuar nuestro ordenamiento a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, y con el propósito de asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente.

Con esta reforma se elimina la tradicional “declaración de incapacitación” para dar paso al procedimiento de provisión de apoyos, que conducirá a una resolución que determine los actos para los que se requiere apoyo, pero no a una declaración de incapacitación ni a una privación de derechos.

Así las cosas, repasaremos brevemente a continuación qué figuras o posibilidades existen a la hora de dar apoyo a las personas con discapacidad:

Curatela

La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen apoyo de modo continuado y que se constituirá por decisión judicial cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.

Esta institución está configurada para asistir a la persona necesitada de apoyo y complementar su capacidad, permitiéndole realizar determinados actos jurídicos que no puede realizar por sí misma. Tiene, primordialmente, una naturaleza asistencial.

No obstante, en los casos en los que sea preciso, y de manera excepcional, se puede atribuir al curador funciones representativas mediante la denominada “curatela representativa”, que viene a sustituir a la extinta “tutela”.

La persona con discapacidad dotada de este mecanismo de apoyo no estará impedida, sino únicamente para aquello que establezca el juez en su resolución. Además, y como ya sucedía anteriormente en los casos de tutela, se precisa autorización judicial independiente (a mayores de lo que esté establecido en la resolución por la que se constituye la curatela) para llevar a cabo determinados actos, como, por ejemplo, vender o donar bienes inmuebles.

Autocuratela

Como su propio nombre indica, es la designación de curador para uno mismo y hace referencia a la posibilidad que tienen las personas mayores de edad y menores emancipados para nombrar a su curador, mediante escritura pública.

Defensor judicial

El defensor judicial es nombrado por el Letrado de la Administración de Justicia cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, como por ejemplo cuando quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona, o cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de prestarle apoyo.

Guarda de hecho

Actualmente, se configura como una figura de carácter subsidiario, y exige que no existan otras medidas de apoyo, voluntarias o judiciales, o que las mismas no se estén aplicando de forma eficaz. En la nueva regulación no se establece que las facultades del guardador de hecho deban tener ningún ámbito específico, pudiendo abarcar cualquier entorno de la esfera personal o patrimonial de la persona con discapacidad, si bien necesitará autorización judicial expresa para los mismos actos que el curador representativo.

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